Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
La ley obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos.
Asimismo, elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley.
El periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo se extiende hasta el 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.
En el caso de las empresas privadas, exceptuando el sector de la alimentación y los productos perecederos, obligados a pagar en 30 días en todos los casos, el período transitorio también se extiende hasta el 2013, de forma que desde hoy y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en el 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año.
Las constructoras de obra pública contarán con plazos distintos para rebajar el plazo máximo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que actualmente es superior a los cien días. En concreto, las empresas del sector podrán pagar a 120 días desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2011. En 2012 el plazo se rebajará a 90 días y se reducirá a los 60 reglamentarios en 2013.
www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10708.pdf
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